¡¡Despartidizar o no despartidizar he ahí la cuestión!!

Todos y todas tenemos derecho a asociarnos de manera libre y a la pertenecía y/o militancia a un partido político, estos son derechos a nuestra calidad de ciudadanos y se encuentran consagrados en nuestra Constitución Política.

También es cierto que aunque no se tenga la calidad de “militante” muchos/as tenemos nuestro corazoncito a la izquierda o la derecha, y además puede ser que tengamos de color rojo, azul, tricolor, anaranjado o amarillo y no necesariamente estamos militando, pero si se nos considera simpatizantes de una u otra tendencia, eso tampoco está prohibido.

Ahora bien hasta ahí todos/as estamos de acuerdo que nadie nos puede limitar ni recriminar este derecho.

Lamentablemente existe otra realidad y que ha sido una “piedra en el zapato” que no ha permitido consolidar la institucionalidad de nuestro país, debido a que por años ha funcionado de manera descarada el reparto de las instituciones del Estado a los partidos políticos llegando a tal el descaro que incluso diputados de la pasada legislatura sin tapujos y con una franqueza que eriza los vellos de la piel dijo “si todos saben que nos tocan dos magistrados a nosotros, dos al otro partido y el otro se lo rifan entre los partidos pequeños” desafortunadas declaraciones, pero tristemente muy ciertas.

Para nadie es un secreto la práctica de entregar las instituciones -o repartirlas- del Estado, llámese Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República, entre otras,  y son los partidos políticos los que se reparten los miembros de estas instituciones en cuotas de poder. Esto se da en base a la aritmética legislativa, el que tenga mayoría se lleva más cargos dentro de estas instituciones, llegando hasta al extremo de incluso pintar los edificios públicos con los colores del partido que se ha quedado al mando de esa institución.

Pero como decía al comienzo, nadie le puede impedir a uno militar o pertenecer a un partido político, cualquiera que fuere, y ese no debería ser el criterio para eliminarte de una terna para optar al cargo público, porque entonces caeríamos en el ridículo que solo los no militantes tienen el derecho a optar a ese cargo, como el ridículo que ahora tenemos que si no te apoya un partido determinado en la Asamblea Legislativa poco o nada valen las credenciales que puedas tener para optar a dicho cargo, ya que solo utilizan ese perfil para llenar los espacios vacíos, pues de todos es sabido que los dados ya se llevan cargados a la hora de hacer la votación, puesto que en la medida que los partidos han mostrado su beneplácito por tu candidatura así tienes las posibilidades de llegar a esa institución, y obviamente esos apoyos no son gratuitos –No hay almuerzo gratis- siempre existen negociaciones entre los partidos que dan sus votos para que ese candidato o candidata ostente determinado cargo al frente de cualquiera de las instituciones ya antes mencionadas.

Personalmente creo que sí verdaderamente los partidos políticos desean regresarle credibilidad a las instituciones del Estado, fortalecer la institucionalidad, garantizar la transparencia, y la imparcialidad dentro de estos, son ellos los que deben de dejar de defender  a capa y espada las cuotas partidarias, deben comprender que no se trata de que se tenga una guerra contra ellos y menos se trata de hacerlos desaparecer, pero me parece poco maduro de su parte hablen del derecho a la militancia en detrimento a los muchos/as profesionales que no son militantes ni simpatizante y que de sobra llenan los perfiles que se necesita para dirigir estos entes.

Debemos recordar que el país nos pertenece a todos y todas, no es propiedad del partido o grupo de partidos que tengan la aritmética legislativa, se necesita que sean esta legislatura la que empiece a romper con esa ignominiosa práctica de entregarse entre ellos las instituciones y darlas como premios a militantes que han sudado la camiseta, porque estarían dando un mal mensaje no solo de la falta de institucionalidad sino también del hecho que se quiera obligar a la fuerza que nuestros profesionales se deban afiliar a sus partido para poder ser considerados para optar a estos cargos, me parece que dentro de la sociedad civil se tienen buenos cuadros que podría y deberían ser considerados para estas instituciones.

Sacar adelante nuestro país es compromiso de los salvadoreños y salvadoreñas en general, no necesitamos que se sigan repitiendo prácticas del pasado que suficiente daño y descrédito le han hecho a nuestro país con funcionarios que se hacen del ojo pacho o no investigan porque reciben una llamada de la persona/as que le recuerdan que gracias a sus votos está en ese lugar y es ese el verdadero temor que se tiene con el tema de las cuotas partidarias, que los funcionarios electos respondan más a la disciplina de partido que a los intereses generales de la colectividad. ¿Ven el daño que le han hecho a esta sociedad? ¿y a sus propios cuadros? que por muy buenos que sean, se les mira con recelo y desconfianza y todo gracias a sus antecesores.

Tengo la certeza que dentro de los partidos políticos hay gente buena, conozco a varios y varias que de sobra se merecen los cargos, pero estos deben competir en igualdad de condiciones con los demás profesionales, con una supervisión de la sociedad civil,  se deben determinar los perfiles primero no los candidatos, tenemos que estar enterados cuáles son sus credenciales y experiencia, no es posible que se entable una competencia a puros padrinos políticos, eso es lo que no es correcto, no es la militancia.  

Al final de lo que se trata es devolverle a la sociedad la confianza y certeza que las instituciones que tienen roles de fiscalización, son dirigidas por personas idóneas, con instrucción y honradez notoria – que se les note que son honrados y que sea obvia su preparación y experiencia- que tengamos la seguridad que van a trabajar de manera imparcial, con visión de país, que tengan vocación de servicio, funcionarios que cumplan con lo que dicta la Ley de Ética Gubernamental y que además han cumplido a cabalidad todos los requisitos necesarios para estar ahí. 

Merecemos como sociedad tener a los y las mejores profesionales al frente de estos entes, es el momento, es aquí es ahora y es esta legislatura la que debería estar impulsando esta posibilidad, no se trata que nos den discursos que justifiquen sus acciones, se trata que con sus acciones concretas nos demuestren que de verdad están comprometidos con la institucionalidad, en función del país, de la colectividad  y no con sus propios intereses sectoriales y de partido.